Senado estudia eliminar cárcel para consumidores de drogas en República Dominicana
por
El Senado de la República analiza un proyecto que propone modificar la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas para eliminar la pena de prisión contra las personas sorprendidas consumiendo o poseyendo drogas para uso personal. La iniciativa abre un nuevo debate sobre el tratamiento legal del consumo de drogas en República Dominicana, ya que plantea sustituir las sanciones penales por programas de evaluación, orientación, tratamiento y rehabilitación.
La iniciativa plantea sustituir las sanciones penales por la remisión obligatoria a programas de evaluación, orientación, tratamiento y rehabilitación. De aprobarse la modificación, las autoridades ya no enviarían a prisión a los consumidores, sino que los dirigirían a servicios de atención relacionados con la salud y la prevención.
Qué establece actualmente la ley
La Ley 50-88, que regula los delitos relacionados con drogas en República Dominicana, establece en su artículo 75 sanciones para quienes incurren en “simple posesión”.
En la actualidad, la legislación contempla penas de seis meses a dos años de prisión, además de multas que van desde 1,500 hasta 2,500 pesos dominicanos para las personas encontradas con drogas para consumo.
El proyecto que estudia el Senado elimina esas sanciones y establece que las autoridades deberán remitir obligatoriamente al consumidor a programas especializados que incluyan evaluación, orientación, tratamiento, rehabilitación o medidas de reducción de riesgos.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social sería la institución responsable de establecer los protocolos técnicos que regirán estos programas.
Quién impulsa la iniciativa
El proyecto lo presentó el senador Edward Espiritusanto, representante de la provincia La Romana por el partido Fuerza del Pueblo.
Según plantea el legislador en la propuesta, las políticas públicas sobre drogas deben enfocarse en la prevención y en la atención integral del consumo.
El documento sostiene que la adicción constituye un problema de salud mental y sanitario, por lo que el Estado debe priorizar el tratamiento y la rehabilitación en lugar de concentrar los esfuerzos únicamente en la persecución penal de los consumidores.
Las penas contra el narcotráfico no cambian
El proyecto mantiene intactas las sanciones establecidas para las demás categorías vinculadas al narcotráfico.
La ley seguiría castigando a los distribuidores, vendedores o intermediarios con penas de tres a diez años de prisión y multas que oscilan entre 10,000 y 50,000 pesos.
Los traficantes enfrentarían condenas de cinco a veinte años de cárcel, además de multas equivalentes al valor de las drogas involucradas en la operación, con un mínimo de 50,000 pesos.
En el caso de los patrocinadores del narcotráfico, es decir, quienes financian estas operaciones, la legislación mantiene la sanción más severa: hasta 30 años de prisión y multas que no pueden ser menores a un millón de pesos.
De esta forma, la modificación solo cambia el tratamiento legal para los consumidores o quienes posean drogas para uso personal, mientras las sanciones contra el tráfico y el financiamiento del narcotráfico permanecen iguales.
Un enfoque que ya aplican otros países
El enfoque que plantea el proyecto se basa en modelos aplicados en varios países donde el consumo de drogas se aborda como un problema de salud pública.
Portugal representa uno de los ejemplos más conocidos. En 2001 ese país despenalizó el consumo de drogas y sustituyó las penas de cárcel por comisiones de evaluación que derivan a los usuarios hacia programas de tratamiento.
Otros países europeos también aplican políticas similares que priorizan la atención médica, la rehabilitación y la reducción de daños.
Los defensores de este modelo sostienen que permite tratar la adicción como una enfermedad y reduce la estigmatización de los consumidores. Sin embargo, algunos sectores consideran que estas políticas deben acompañarse de fuertes programas de prevención para evitar un aumento en el consumo.
Debate en el país
La propuesta abre un nuevo debate en República Dominicana sobre la forma en que el Estado debe enfrentar el consumo de drogas.
Mientras algunos expertos respaldan un enfoque sanitario y de rehabilitación, otros advierten sobre la necesidad de fortalecer los programas de prevención, educación y control para evitar que el problema se expanda.
El Senado continuará estudiando el proyecto antes de decidir si aprueba o no la modificación a la Ley 50-88.
