Caso SeNaSa: prisión preventiva y reacciones públicas tras la audiencia de coerción

Santo Domingo — En una audiencia que concentró la atención pública y mediática, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó medidas de coerción en el caso que investiga presuntas irregularidades y desfalco en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

El juez Rigoberto Sena calificó el proceso como complejo y rechazó la excepción de inconstitucionalidad planteada por la defensa, lo que permitió imponer medidas de prisión preventiva y arresto domiciliario a los imputados.

La Fiscalía, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), presentó la solicitud de coerción que fue acogida por el tribunal.

Siete de los diez imputados, entre ellos el exdirector Santiago Hazim, fueron enviados a prisión preventiva por 18 meses en el Centro Correccional de Najayo; otros tres imputados que admitieron colaboración con la investigación recibieron arresto domiciliario.

Las autoridades sostienen que el entramado investigado involucra un monto millonario que ha generado indignación social y llamados a sanciones ejemplares.

Qué dijo el tribunal y la Fiscalía

El magistrado incorporó en su motivación una reflexión sobre el daño institucional y social que implican los hechos investigados, subrayando la necesidad de medidas que garanticen el desarrollo del proceso y eviten la obstaculización de la investigación.

La PEPCA defendió la medida como proporcional y necesaria para asegurar la presencia de los imputados durante el proceso y para proteger la integridad de las pruebas.

Reacciones públicas y políticas
La decisión generó una mezcla de apoyo ciudadano y críticas.

Sectores de la sociedad y comentaristas celebraron la medida como un avance en la lucha contra la corrupción y una señal de que el sistema judicial puede actuar con firmeza.

Al mismo tiempo, hubo voces que advirtieron sobre la exposición mediática del caso y pidieron garantías procesales para los imputados, enfatizando que la transparencia en la investigación debe acompañar cualquier sanción.

Impacto y próximos pasos

El caso seguirá su curso con la fase de investigación formal y la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público.

Las defensas anunciaron que apelarán algunas decisiones y que continuarán ejerciendo las acciones legales pertinentes.

Mientras tanto, la opinión pública y los medios mantendrán el foco en el proceso, que podría sentar precedentes en la persecución de delitos de corrupción administrativa.