Indignación en Cornell: el estado asume el control penal
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La gestión de una denuncia por agresión sexual en grupo en la Universidad de Cornell ha desencadenado una tormenta política e institucional en el estado de Nueva York.
Lo que comenzó como una investigación sobre un incidente ocurrido en 2024 en la casa de la fraternidad Chi Phi ha escalado a una investigación penal a nivel estatal, exponiendo graves omisiones por parte de la policía del campus y la fiscalía local.
El estado asume el control penal
Ante la creciente presión pública y las deficiencias en el manejo del expediente, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, asumió el caso penal, desplazando al fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten.
La gobernadora Kathy Hochul criticó duramente la actuación de las autoridades locales, cuestionando abiertamente por qué acusaciones de esta gravedad no fueron remitidas de inmediato a las instancias correspondientes. Paralelamente.
Hochul se comprometió a promover cambios legislativos inmediatos para eliminar la laguna legal en Nueva York que excluye de protección penal a las víctimas que se han intoxicado voluntariamente.
Omisiones y contradicciones en la investigación
Revelaciones periodísticas e informes internos han sacado a la luz irregularidades cruciales en la cadena de custodia de la información:
- Ocultamiento de transcripciones: La policía de Cornell remitió a la fiscalía únicamente un resumen escrito de seis páginas proporcionado por la víctima (Jane Doe). No obstante, omitieron la transcripción de una entrevista posterior donde la estudiante declaraba con un «100 % de certeza» que había sido violada.
- Rechazo a examinar pruebas: Registros internos indican que la fiscalía del condado se negó a revisar material probatorio adicional recopilado por los investigadores del campus —incluyendo un expediente de 99 páginas con más de 50 entrevistas y capturas de un chat grupal en Snapchat titulado «Chi Phi Actives»— al sostener que la declaración inicial bastaba para descartar cargos.
- Versiones cambiantes de la universidad: Cornell modificó en reiteradas ocasiones su postura pública respecto a qué documentos y evidencias había compartido originalmente con los fiscales.
Sanciones internas y movilización en el campus
Aunque la justicia ordinaria no había presentado cargos, el proceso interno de Cornell bajo el Título IX resultó en la expulsión y suspensión de varios implicados.
la disolución y prohibición permanente de la fraternidad Chi Phi en el campus, y la suspensión de actividades sociales de fraternidades.
La comunidad universitaria ha reaccionado con dureza.
La sección de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP) en Cornell y diversas plataformas estudiantiles emitieron comunicados condenando la opacidad institucional.
mientras se organizan movilizaciones dentro del campus para exigir la rendición de cuentas de las autoridades universitarias y judiciales.
